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LOS RIESGOS DE ARREGLAR CON LOS BUITRES A TODA COSTA

Por Axel Kicillof, ex Ministro de Economía.

El gobierno de Macri está intentando de cualquier manera “arreglar” con los fondos buitre. Primero que nada hay que recordar lo absolutamente desproporcionado e irracional del reclamo de los buitres. El default de 2001, al que nos llevaron las políticas de sobreendeudamiento y la bicicleta financiera de los años 90, fue el más grande de la historia. Alcanzó los 81.836 millones de dólares en títulos de toda especie. Luego de arduas negociaciones, el 93% de los bonistas aceptó la reestructuración que propusieron Néstor y Cristina, con una quita cercana al 65%.

Mientras tanto, los fondos buitre compraban bonos por centavos para ir a juicio contra Argentina. Ese es su modus operandi en todo el planeta, así actúan contra estados y contra empresas. Paul Singer y sus socios llevaron al juzgado de Griesa USD 428 millones en títulos (menos del 0,5% del total del default) por los que pagaron aproximadamente 100 millones de dólares. Consiguieron que el juez con su sentencia escandalosa les reconociera un cobro de 1.600 millones (ésta es la ganancia sideral del 1.600%) y, al mismo tiempo, para extorsionar al país, bloqueara el cobro regular del 93% de los bonistas que sí aceptó el canje y que venía cobrando con total normalidad.

A este chantaje y este desquicio financiero y judicial se opusieron los 136 países que apoyaron a Argentina en las Naciones Unidas cuando votaron por una inmensa mayoría los principios antibuitre para la reestructuración de deuda soberana.

Cuando “negocié” cara a cara con los fondos buitre en las oficinas del mediador Pollack en Nueva York, ellos hicieron una oferta: un 15% de descuento. Luego, a través de mensajeros, estiraron el descuento hasta el 30%. El pago debía ser en bonos, no en efectivo. A primera vista, parece una oferta generosa: 30% o 40% de descuento y a crédito. Pero el descuento no se iba a aplicar sobre los 100 millones que pagaron para comprar los bonos o sobre los 428 millones de valor nominal de los bonos. ¡El descuento era sobre los escandalosos 1.600 millones que reclamaban! Esto significa que su ganancia del 1.600% se “reduciría” sólo a …¡1.120%! Una verdadera estafa al país y al 93% de los acreedores de buena fe que acordaron con la Argentina.

Para evaluar cualquier acuerdo, hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que tal como sostenía la Argentina, a los USD 1.600 millones originales YA se sumaron bonistas (los ” mee toos”) por USD 6.500 millones más. Se calcula que esta cifra puede aumentar hasta USD 15.000 o USD 20.000 millones.
Pero también hay que considerar que al 93% que acordó se le pagó muchísimo menos que lo que piden los buitres. No sería descabellado esperar que algún otro juez, aplicando incluso un mejor criterio que Griesa, decida obligar a Argentina a reconocerle al 93% que sí aceptó el canje un trato equivalente al que se le piensa dar a los buitres, llevando nuevamente a la deuda externa a un monto impagable, como en 2001.

Fue para evitar este verdadero desastre que el gobierno de Cristina ofreció pagar un monto equivalente a lo que se había arreglado con el 93% que aceptó la reestructuración. Ese monto, actualizado con los intereses correspondientes al tiempo transcurrido, arroja una ganancia considerable para los buitres, aunque, claro está, muchísimo menor que su escandaloso reclamo. Pagarles más no sólo es inequitativo para el 93% que aceptó el canje sino que es muy riesgoso. Pagar a los buitres más que al resto va contra la ley argentina, contra los principios votados por 136 países en la ONU y contra buena parte de la legislación europea.

Si Argentina le paga a los buitres lo que piden, incluso con algún descuento, no se “saca un problema de encima” sino que el problema se multiplicaría y las consecuencias se pagarían después durante décadas.

Ocurre lo mismo que con los gobiernos que buscan a toda costa el endeudamiento externo: algunos pretenden plantearlo como una solución para el país pero, como demostró la crisis de 2001, no es más que un camino directo y sin retorno hacia el abismo.

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China-Argentina. Represas del Río Santa Cruz. Macri ¿cambiemos o volvieron? Retorno del país chico y viejas “relaciones” ¿internacionales?

Por Julio De Vido

Comparto nota por las Represas de Santa Cruz en respuesta a Diario La Nacion ►

La misma fue publicada en el sitio web del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo 

“China-Argentina. Represas del Río Santa Cruz. Macri ¿cambiemos o volvieron? Retorno del país chico y viejas “relaciones” ¿internacionales?”

¿Por qué hablan de crisis energética? Porque quieren inocularnos la idea que la energía es un privilegio y no un derecho.

Es importante que la gente sepa que la hidroelectricidad es la fuente renovable más utilizada en el mundo y que más ha crecido. Las represas del río Santa Cruz implican una sustitución de combustibles importados del orden de los 1.100 millones de dólares anuales.

Considero que la hidroelectricidad es crucial para seguir profundizando universalización de la energía, como herramienta para el desarrollo y energía para una progresiva calidad de vida para los 42 millones de argentinos y las 23 provincias, sin exclusiones de ningún tipo.

LA NACION se basó en un informe que tiene una década, con datos de análisis económicos para las represas de Santa Cruz obtenidos hace 30 años.

¡Nos vienen a apurar a nosotros con obras de treinta años! ¡Justamente a nosotros que terminamos Yacyretá y Atucha II!

Julio De Vido 

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Política Internacional

Respuesta de Timerman al comunicado de Cancillería y Ministerio de Seguridad

Ante un comunicado conjunto de la Cancillería y del Ministerio de Seguridad del día de ayer relacionado con las alertas rojas de Interpol que pesan sobre ciudadanos iraníes, es de suma importancia señalar que apenas tomé conocimiento de que la Comisión de Control de Ficheros, órgano de Interpol, había iniciado un expediente para conocer si subsistían las causas por las que la Justicia argentina requería la captura de esos ciudadanos iraníes, dispuse, en coordinación con los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, el envío de una misión oficial a fin de ponernos a disposición de Interpol y evacuar, de acuerdo a la normativa y procedimientos vigentes, los eventuales requerimientos de ese organismo.

La Comisión de Control de Ficheros de Interpol informó sobre el inminente envío al Juez que entiende en la causa sobre el atentado terrorista a la AMIA de un escrito en el que solicitaba información sobre ese atentado, su relación con los ciudadanos iraníes y si aún persistía la demanda de comparecencia de los mismos ante la Justicia argentina.

Siempre por canales oficiales ese escrito fue entregado al Juez que entiende en la causa y las respuestas del mismo al órgano de Interpol se realizó del mismo modo, en tiempo y forma. Cabe agregar que la respuesta del Juez fue precisa y contundente en cuanto a la vigencia de las alertas rojas.

Llama la atención la confusión en que incurren las ministras autoras del comunicado emitido ayer al comparar la votación en una Asamblea General de Interpol con un pedido de aclaración de un órgano de dicha organización al Juez de la causa Amia. Como puede deducirse, y con mucha facilidad, este procedimiento no requería de un “fuerte despliegue de la diplomacia argentina” sino más bien un trabajo técnico, serio, de enlace institucional, en apoyo incondicional de la Justicia argentina, sin perder de vista lo extremadamente delicado de la cuestión y la necesidad de una afinada coordinación de la Cancillería y los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, como mencioné anteriormente.

Cuando hizo falta “un fuerte despliegue de la diplomacia argentina” se hizo con coraje y convicción. Así se logró en 2006 que la mayoría de los países miembros de Interpol voten la imposición de las alertas rojas solicitadas por la Justicia argentina. Con la misma dedicación se obtuvo que la Asamblea General del año 2014 reconociendo el trabajo del gobierno argentino eligiera por una amplia mayoría al entonces Secretario de Seguridad, Sergio Berni, como miembro de su Comité Ejecutivo.
Una vez más, me veo en la obligación de reiterar que la vigencia o levantamiento de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre los ciudadanos iraníes dependen exclusivamente del Juez que entiende en la causa y no de la voluntad del gobierno de turno.
Sin embargo, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015) han manifestado reiteradamente y en innumerables ocasiones la necesidad de que los sospechosos comparezcan ante la Justicia y la importancia de la plena vigencia de las alertas rojas sobre los mismos, objetivo este que se logró hasta el pasado 9 de diciembre fecha en que concluyó el gobierno del cual fui canciller.

Es importante que las nuevas autoridades nacionales comprendan los diferentes escenarios donde se debate la Causa Amia a fin de poder desarrollar las acciones correctas en cada oportunidad y, también, hacerse cargo de las consecuencias que se deriven de sus decisiones.

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